Colegio de abogados
 

Normativa

 

Lineas Directrices del Reglamento

Animado por un fuerte espíritu de colaboración con el mejoramiento de la administración de justicia -tal vez el más noble de sus fines estatutarios-, el Colegio de Abogados de Rosario ha inaugurado y puesto en funcionamiento su propio Tribunal de Arbitraje, el cual se regirá por un Reglamento y unas normas complementarias, cuyas líneas directrices básicas son las siguientes:

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO A PARTIR
DE UN CONVENIO ARBITRAL ÚNICO

TRIBUNAL TRICÉFALO

INAPELABILIDAD DEL LAUDO

NULIDAD DEL LAUDO

PROCEDIMIENTO ABREVIADO



DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE UN CONVENIO ARBITRAL ÚNICO

Tradicionalmente las partes accedían a un arbitraje a través del llamado ´compromiso arbitral´, el cual debía celebrarse necesariamente luego de suscitado un conflicto determinado, aun en el caso de que con anterioridad a dicho conflicto las partes hubieran suscripto una ´cláusula arbitral´. Surgida la disputa no era suficiente para dar lugar al arbitraje que las partes hubieran suscripto con anterioridad una ´clausula arbitral´ que previera que las cuestiones que eventualmente se presentan entre ellas como consecuencia de una determinada relación jurídica serían sometidas a tal modo de resolución de conflictos. Siempre se requería una suerte de ratificación del pacto arbitral celebrado previamente al conflicto, mediante la formalización del mentado ´compromiso´, el cual, entre otras cosas, tenía por objeto la puntualización de las cuestiones que concretamente se decidían someter al juzgamiento de los árbitros.

Esta doble instrumentación del acuerdo arbitral jaqueó la utilidad y eficacia del arbitraje durante mucho tiempo, puesto que la simple negativa del deudor a formalizar el compromiso obligaba al acreedor a acudir a un juez público, a fin de requerirle la constitución del tribunal arbitral que se encargaría de resolver la disputa. Pero sucede que, ante tal negativa, el tribunal arbitral solamente podía ser constituido a través de un procedimiento judicial al que el deudor solía oponerle todo tipo de obstáculos. Así, de poco podía servir contar con el más ágil de los procedimientos arbitrales, pues previamente debía tramitarse un procedimiento judicial muchas veces larguísimo.

Para evitar este grave inconveniente, el Reglamento adopta el sistema previsto por la Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional, eliminando la distinción entre ´cláusula arbitral´ y ´compromiso arbitral´ y, en su lugar, prevé la intervención del Tribunal a partir de un único ´convenio arbitral´, por medio del cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias ya surgidas o que puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no. De este modo, nacido un conflicto a raíz del incumplimiento de un contrato en el que se hubiera acordado la competencia del Tribunal para resolverlo, el acreedor puede acudir directamente ante el mismo, presentádole la demanda correspondiente.


TRIBUNAL TRICÉFALO

Una cosa es el Tribunal de Arbitraje considerado como un ente dependiente del Colegio de Abogados de Rosario, cuya función es la prestación del servicio de arbitraje en abstracto, y otra cosa distinta son los tribunales de arbitraje constituidos para conocer y laudar en cada caso concreto. En cada uno de estos casos el tribunal se integrará con el Secretario General, el o los árbitros que se designen, y un director del procedimiento.

Teniendo en cuenta que las actividades de procesar y sentenciar un conflicto son absolutamente diferentes, el Reglamento asigna las mismas a dos órganos independientes dentro de la estructura del Tribunal: el director del procedimiento y el o los árbitros, respectivamente. Asimismo, otorga su representación y administración a un tercer órgano: el Secretario General.

Esta marcada división de tareas apunta a los siguientes objetivos: especialización de funciones, unidad de criterio en el tratamiento de las cuestiones procedimentales y arancelarias, imparcialidad de los árbitros y reducción de costos.

b.1.) Funciones del Secretario General:

El Secretario General recepciona provisoriamente la demanda, lo cual no implica declararla admisible ni darle curso; esto es función del director del procedimiento. Aquél sólo la recibe materialmente y, a continuación, designa al director del procedimiento y corre traslado a las partes para que nombren a el o los árbitros. Además, dirime con carácter definitivo en la instancia arbitral, el conflicto que se suscita si el o los árbitros o el director del procedimiento no aceptan la recusación de alguna de las partes. Finalmente, regula los honorarios de todos los que han intervenido en un arbitraje (cfr. art. 39). Esta regulación no es apelable ante la jurisdicción pública (cfr. art. 37 y 41).

La regulación de los honorarios de todos los intervinientes en el arbitraje se atribuye a este único funcionario, a los fines de preservar la unidad de criterio en la materia, y así dar mayor seguridad a los litigantes.

El costo de la tarea del Secretario General no es remunerada.

b.2.) Funciones de el/los árbitro/s:

El/los árbitro/s no representa/n los intereses de ninguna de las partes y ejerce/n el cargo con estricta imparcialidad. Presenciará/n la recepción de las pruebas cuando ello fuera posible, y tendrá/n a su cargo el dictado del laudo o, en su caso, el laudo anticipado.

La enumeración de las funciones de los árbitros es taxativa.

El Reglamento impide a los árbitros intervenir en materia procedimental; esta incumbencia se asigna en exclusividad al director del procedimiento. Con este diseño se intenta, especialmente, apuntalar la imparcialidad de los árbitros y reducir los costos del arbitraje. En efecto, un árbitro que en el curso del arbitraje no ha tomado ninguna decisión procedimental (ni siquiera una medida cautelar) y que, por tanto, no se ha visto obligado a adelantar algún criterio con motivo de una decisión incidental y que, por último, ha sido preservado de cualquier tipo de fricción con las partes, seguramente se encontrará en óptimas condiciones de objetividad e imparcialidad a la hora de laudar. Por otro lado, limitando al máximo las funciones del árbitro se logra reducir el costo de su tarea, sin que ello impida asignarle una retribución digna al mismo tiempo. Piénsese, por ejemplo, en los bajos costos que podrían lograrse en supuestos de transacciones arribadas en el curso del arbitraje, cuando aún los árbitros no han desarrollado tarea importante.

b.3.) Funciones del director del procedimiento:

El director del procedimiento debe reunir las mismas condiciones de imparcialidad e independencia que los árbitros. Tiene a su exclusivo cargo la dirección del trámite del arbitraje; dicta todas las resoluciones que requiera. Éstas sólo pueden ser modificadas o dejadas sin efecto por medio del recurso de revocatoria; no son recurribles ante ningún otro funcionario del Tribunal, y ni siquiera ante los jueces públicos, sin perjuicio, claro está, del recurso de nulidad en contra del laudo (cfr. arts. 23 y 41).

Al reservar para el director del procedimiento toda la tarea procedimental, asignando a los árbitros solamente la función de componer el litigio, y al liberar a las partes de la retribución pecuniaria de aquél, se intenta, una vez más, alcanzar los objetivos señalados: especialización de funciones, unidad de criterio en el tratamiento de las cuestiones procedimentales, imparcialidad de los árbitros y reducción de costos.

El costo de la tarea del director del procedimiento no integra las costas del arbitraje, por lo que en ningún caso será remunerado por las partes.


INAPELABILIDAD DEL LAUDO

El Reglamento consagra la irrevisabilidad del laudo por parte de los tribunales jurisdiccionales públicos, por cuestiones de mérito o fundabilidad. Así, los vicios in iudicando (es decir, los producidos por la errónea aplicación del derecho o por la valoración defectuosa de la prueba) escapan al control oficial.


NULIDAD DEL LAUDO

Que el laudo no sea apelable ante la jurisdicción pública no significa que no sea recurrible. En efecto, el Estado reserva para sí el control de legitimidad del arbitraje al conocer del irrenunciable recurso de nulidad que las partes interpusieran en contra del laudo. Este recurso sólo podrá basarse en vicios in procedendo surgidos del propio acto, sea por defecto de forma (v.gr., omisión de consignar la fecha del laudo), sea por defecto de construcción (v.gr., laudo inmotivado, autocontradictorio, incongruente), o bien, surgidos del procedimiento previo (v.gr., laudo dictado luego de un proceso en que se ha violado el derecho de defensa de alguna de las partes).

En función de privilegiar la celeridad del trámite, el Reglamento dispone que ninguna resolución dictada en el curso del arbitraje es impugnable ante la jurisdicción del Estado, aun cuando el vicio imputado fuera del tipo in procedendo. En tal caso, la parte perjudicada deberá postergar su reclamo hasta después de dictado el laudo. De este modo, el Reglamento consagra el principio de -no intervención del Estado durante el trámite del arbitraje-.

Por excepción, el Reglamento habilita a fundar el recurso de nulidad en contra del laudo en los vicios in iudicando en que pudiera haber incurrido el Tribunal al resolver una cuestión de competencia o una recusación en el curso del procedimiento arbitral. Sin embargo, y conforme con el principio de -no intervención del Estado durante el desarrollo del arbitraje-, no se permite la revisión inmediata de estas cuestiones, pues ello perjudicaría la celeridad. Se optó por diferir la revisión para después del dictado del laudo, asumiéndose los riesgos que tal sistema implica: nulidad del trámite y retramitación del procedimiento. En suma, se prefiere afrontar este ocasional costo en algún que otro arbitraje, y no afectar la celeridad de casi todos.


PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Las cuestiones de hasta mil quinientos pesos ($ 1.500) pueden someterse, a pedido del actor, a un procedimiento abreviado, a cargo de un sólo árbitro que desempeñará su tarea en forma absolutamente gratuita (cfr. art. 48).
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