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Preocupación por prácticas de la UIF y la inviolabilidad de la defensa penal

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El Presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Dr. Juan Carlos Martorana, expresa su fuerte preocupación por la medida que recientemente habría implementado la UIF...


Preocupación por prácticas de la UIF y la inviolabilidad de la defensa penal

El Presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Dr. Juan Carlos Martorana, expresa su fuerte preocupación por la medida que recientemente habría implementado la UIF, publicitada por los medios de comunicación , y por la cual se le exigiría a los defensores penales en casos de lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y trata de personas que informen quién les paga sus honorarios profesionales, cuál es el origen de esos fondos, importe de los honorarios percibidos y los que hayan pactado o estén pendientes de cobro por su tarea profesional, acompañando toda la documentación respaldatoria correspondiente.

Se exigiría además que las informaciones precedentes, se realicen sin que los defensores puedan ampararse en el secreto profesional, otorgándoseles a los letrados el plazo de diez días para que rindan dicho informe.

Como mujeres y hombres de derecho, debemos destacar que los abogados no nos encontramos contemplados dentro de la nómina de sujetos obligados, que de manera taxativa enumera la ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo Nº 25246, en su art. 20, por lo que no es su deber específico informar operaciones sospechosas a la UIF.

Atento a que los letrados no tienen el deber de reportar transacciones sospechosas, y si la información relevante se obtuvo en circunstancias sujetas a secreto profesional, dicha información encuentra un doble valladar de resguardo.

Lo contrario implica una violación no sólo al principio amplio de la defensa en juicio, sino de los derechos a la privacidad e intimidad de nuestros clientes, garantías, que deviniendo del art. 19 de la Constitución Nacional, se plasman en normas específicas como:
• el art. 244 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece para los abogados el deber de abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que lleguen a su conocimiento en función de su profesión,
• El art. 8 del Código Procesal Penal de Santa Fe que regula la inviolabilidad de la defensa
• del art. 156 del Código Penal, que reprime la violación del secreto profesional y
• en las Normas de Ética de Gonzalez Sabathié de este Colegio de Abogados específicamente en las Nros. 16, 17, y 18.

Sin perjuicio de ello, cabe referir que no necesariamente el abogado conoce o debe conocer cuál es el origen del dinero con el que se le pagan sus honorarios, por lo que mal puede imponérsele una obligación de tal naturaleza.

La misión del abogado en un Estado de Derecho es la de asistir a la persona que lo llama en su auxilio para que defienda y ampare sus derechos esenciales, garantizándole con su intervención profesional el acceso a un proceso justo y con plena vigencia de las garantías constitucionales. Garantías constitucionales como la de trabajar y ejercer industria lícita de las que gozamos los abogados, y que defendemos los representantes de los Colegios de Abogados.

El ejercicio de la profesión en cualquier ámbito convierte al Abogado, en un auxiliar de la justicia, y contribuye con un más eficaz y efectivo funcionamiento y prestación del servicio de justicia no solo para que el justiciable obtenga un pronunciamiento en tiempo y forma, de manera segura, con garantía de independencia e imparcialidad, sino también de esta manera garantizar una tutela judicial efectiva.

Se impone un llamado a la reflexión y se insta a que se revea y deje sin efecto la medida aquí cuestionada, buscándose otros mecanismos más específicos y efectivos para combatir el flagelo del lavado, narcotráfico, corrupción y trata, que corrompen y destruyen a nuestra sociedad, pero siempre en el marco de la ley y el derecho que es la única forma de garantizar el imperio de la justicia, la solidaridad, la equidad, la libertad y la dignidad, el respeto mutuo, personal y colectivo hacia las instituciones democráticas y republicanas de gobierno, como fundamento de la paz social.

Dr. Juan Carlos Martorana
Presidente
Colegio de Abogados de Rosario
 
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