Colegio de abogados
 
 

AL RESPECTO DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y EL DERECHO DE DEFENSA

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Asistimos con perplejidad a la pretendida instalación de un supuesto debate mediático que confunde conceptos, y que consecuencia de ello macula el ejercicio de la profesión de abogado...


Asistimos con perplejidad a la pretendida instalación de un supuesto debate mediático que confunde conceptos, y que consecuencia de ello macula el ejercicio de la profesión de abogado.
Las recientes noticias periodísticas que dan cuenta de supuestas opiniones no hacen más que atacar el ejercicio de la Abogacía.
Desde un tiempo a esta parte, la persecución penal en nuestra provincia ha intentado confundir los roles de abogados y clientes, sugiriendo tímidamente a veces, y luego afirmando claramente que existen colegas que “son miembros” de la banda criminal por la que son investigados sus clientes.
Y ese debate se da solo en un sector del ejercicio profesional, en aquel que más impacto tiene en la opinión pública, y es el vinculado al derecho penal.
Ya vimos los peligros de la generalización, cuando el gobierno nacional en reiteradas oportunidades pretendió instalar el agravio de la “mafia de los juicios laborales”, y ahora en lo referido a los abogados “socios” de los criminales.
La abogacía toda, y el ejercicio penal en particular, en una república democrática como la nuestra, lo que hace es asegurar las garantías para las personas que se encuentran en juicio. Se defiende un sistema y no a una persona. Se defiende la legalidad, el Estado de Derecho y no a una determinada calificación imputativa
Podemos entender que lo más difícil en una sociedad es reconocerle derechos a personas que según la propia construcción social son cuestionadas. Pero justo allí radica la garantía republicana. Otorgarle el derecho de defensa incluso a las personas que como sociedad cuestionamos.
Los instrumentos internacionales deben ser de aplicación en nuestro país. Al respecto debe destacarse que el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana en el año 1990 estableció los principios básicos de la función de abogado, el que en su art. 18 claramente dice “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.”
El rol del abogado es defender el sistema jurídico, y garantizar el derecho de defensa. Pretender ligar o asociar el rol abogadil, con el rol criminal es inaceptable en un estado de derecho.
Si una persona cometió delitos debe ser juzgada, independientemente de si es abogado o no, pero sin mancillar el importantísimo rol que cumple la Abogacía en nuestra sociedad. Es nuestro rol como representantes de la abogacía organizada cumplirlo y hacerlo cumplir.
 
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