Rechazamos el proyecto de ley presentado por el gobierno nacional que propone permitir el divorcio en sede administrativa sin intervención judicial.
Consideramos que esta medida vulnera derechos fundamentales, ya que la intervención de la justicia garantiza que ambas partes puedan defender sus intereses en igualdad de condiciones.
Además, se comprometería la seguridad jurídica, al no contar con el control y supervisión del sistema judicial, lo que podría perjudicar a terceros, especialmente a los hijos menores de edad. Eliminar el rol judicial abre la puerta a acuerdos desventajosos, afectando la equidad, particularmente en situaciones donde una parte carezca de acceso a representación legal adecuada.
Reafirmamos que la intervención judicial es esencial para asegurar transparencia, equidad y protección de los derechos de todos los involucrados, y, particularmente, de las personas vulnerables.
Más Gestión. Más servicio. Más Colegio.
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